El Tribunal de Luxemburgo se pronuncia como consecuencia de una denuncia interpuesta por los taxistas de Barcelona en 2014. El juzgado que llevaba el caso decidió realizar una consulta a la máxima instancia judicial en la UE para que se pronunciara. La sentencia europea no resuelve definitivamente el caso, que regresa ahora al juzgado ordinario, pero este tiene que fallar aplicando las directrices que ha dado ya Luxemburgo.
La sentencia invalida el principal argumento con el que Uber ha esquivado la regulación, presentándose como una plataforma digital y no como empresa de transportes. Aunque la situación ha cambiado desde que comenzó a operar -hoy ya requiere algún tipo de licencia en casi todos los lugares donde se ofrece el servicio-, la decisión del tribunal sitúa claramente a esta empresa en el ámbito del transporte de pasajeros. Eso habilita a los poderes públicos a exigirle toda la regulación correspondiente.
El fallo confirma la opinión que emitió el pasado mayo el abogado general de la UE, cuya opinión no es vinculante pero suele ser secundada en la mayoría de los casos. «Uber no puede ser considerado un mero intermediario entre conductores y pasajeros», concluyó el letrado.
La posición adoptada por el tribunal respalda las quejas esgrimidas por el sector del taxi, que ha visto cómo la actividad de plataformas como Uber le restaba negocio sin someterse a las mismas exigencias que debe cumplir este colectivo. Luxemburgo, que con esta decisión sienta jurisprudencia, se aparta así de la línea inicial de la Comisión Europea, mucho más favorable a dejar florecer la llamada economía colaborativa como nueva fuente de empleo y actividad.
Pese a todo, Bruselas ha corregido parcialmente esa primera aproximación a medida que estos negocios crecían y se evidenciaba la precariedad que viven sus trabajadores. La Comisión ha elaborado recomendaciones para que los Estados eliminen trabas a este tipo de negocios, pero también para que fijen unos mínimos en materia fiscal, laboral y de responsabilidad ante el cliente. También el Parlamento Europeo pidió hace seis meses reglas claras contra los abusos, aunque sin aclarar si deben ser específicas para la economía colaborativa o se trata simplemente de aplicar las normas convencionales.
tomado de El Pais
